La protesta contra la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad. Hubo manifestantes heridos, gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes. Una fotógrafa recibió un impacto en la cabeza y tuvo que ser trasladada al Hospital Argerich. La violencia alcanzó también a quienes estaban trabajando para registrar lo ocurrido.
La lluvia no consiguió vaciar las calles. Mientras en el Senado avanzaba el debate sobre la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una multitud se concentró frente al Congreso para expresar su rechazo a una iniciativa que había generado una fuerte resistencia social. La respuesta del Gobierno fue un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que terminó convirtiendo los alrededores del Parlamento en un escenario de gases, balas de goma, carros hidrantes y corridas.
La represión se extendió durante aproximadamente cuatro horas, los efectivos avanzaron sobre los manifestantes en distintos momentos de la tarde, pese a que la movilización se desarrollaba bajo un fuerte temporal.
El operativo no sólo dejó personas heridas entre quienes participaban de la protesta. También alcanzó a trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar para cubrir la jornada y documentar el accionar de las fuerzas de seguridad.
Una trabajadora de prensa terminó en el hospital
Uno de los episodios más preocupantes ocurrió cuando una fotógrafa recibió un impacto en la cabeza durante la represión. La trabajadora debió ser trasladada al Hospital Argerich para recibir atención médica.
El episodio adquiere una dimensión particular porque los trabajadores de prensa cumplen una función esencial durante una movilización: registrar lo que sucede, documentar los procedimientos policiales y aportar imágenes y testimonios que permiten reconstruir posteriormente los hechos.
Cuando un periodista, fotógrafo o camarógrafo resulta alcanzado mientras realiza su trabajo, la consecuencia no se limita a una lesión física. También aparece una pregunta más profunda sobre las condiciones en las que se ejerce el derecho a informar.
Una represión que alcanza a quienes están registrando los acontecimientos puede terminar generando un efecto adicional: dificultar la existencia de testimonios independientes sobre lo ocurrido en la calle.
La violencia como respuesta frente al reclamo
La protesta tuvo como uno de sus principales reclamos el rechazo a las modificaciones impulsadas por el Gobierno en materia de propiedad privada y tierras. La consigna “La tierra no se vende” se convirtió en una de las expresiones centrales de la movilización.
La concentración se produjo además después de que el oficialismo retirara del proyecto algunos de los capítulos que habían provocado mayor resistencia política y social. Entre ellos estaba el referido a la Ley de Tierras. Posteriormente, durante el tratamiento parlamentario, también fue retirado el capítulo vinculado con la Ley de Manejo del Fuego.
En otras palabras, mientras afuera del Congreso se desplegaba una protesta masiva, dentro del recinto el oficialismo negociaba modificaciones para conseguir los votos necesarios.
La escena terminó siendo contradictoria: el Gobierno necesitó ceder parte de su proyecto para garantizar su avance parlamentario y, al mismo tiempo, respondió con una fuerte presencia policial a quienes cuestionaban esas mismas reformas desde la calle.
Gases y balas de goma
El operativo incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes. Las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la concentración en un Congreso que había sido fuertemente vallado.
Los gases representan una de las formas más extendidas de dispersión en este tipo de operativos, pero sus consecuencias no son menores. Pueden provocar irritación intensa de ojos y vías respiratorias, dificultad para respirar, desorientación y ataques de pánico, especialmente entre personas con problemas respiratorios.
Las balas de goma, por su parte, pueden ocasionar lesiones graves cuando son disparadas a corta distancia o impactan en zonas sensibles del cuerpo. Un golpe en la cabeza, un impacto ocular o una lesión facial pueden transformar una protesta política en una emergencia médica.
Por eso, cada operativo represivo deja consecuencias que van mucho más allá de las imágenes de una calle tomada por efectivos policiales.
Cuando informar también se convierte en un riesgo
La presencia de periodistas y fotógrafos en una protesta no debería interpretarse como una provocación ni como un obstáculo para las fuerzas de seguridad. Su tarea consiste precisamente en observar y registrar.
La imagen de una trabajadora de prensa trasladada a un hospital después de recibir un impacto en la cabeza funciona, en ese sentido, como una señal de alarma.
No se trata solamente de saber quién resultó herido. También resulta necesario preguntarse qué condiciones existen para que periodistas y reporteros gráficos puedan realizar su trabajo durante una manifestación.
En una democracia, el derecho a protestar y el derecho a informar están estrechamente relacionados. La sociedad necesita poder reclamar públicamente y, al mismo tiempo, necesita periodistas que puedan contar qué ocurrió.
Una escena que vuelve a repetirse
La jornada frente al Congreso vuelve a colocar en el centro de la discusión el uso de la fuerza durante las protestas sociales.
Los antecedentes recientes muestran que las consecuencias pueden ser severas. En marzo de 2025, por ejemplo, el reportero gráfico Pablo Grillo sufrió una gravísima lesión en la cabeza durante una movilización frente al Congreso y permaneció internado en el Hospital Ramos Mejía. Aquel episodio generó una fuerte reacción entre organizaciones de trabajadores de prensa y asociaciones de reporteros gráficos.
La repetición de trabajadores de prensa heridos durante coberturas de movilizaciones plantea un problema que excede una jornada particular: qué garantías existen para que quienes documentan una protesta puedan hacerlo sin convertirse ellos mismos en víctimas del operativo.
Una democracia que también se juega en la calle
La discusión sobre la propiedad privada, las tierras rurales y las reformas impulsadas por el Gobierno no terminó en el recinto del Senado. También se expresó en la calle.
La multitud que desafió la lluvia, los gases y el operativo policial mostró que determinadas decisiones políticas pueden generar una resistencia social que no desaparece porque un proyecto consiga avanzar en el Congreso.
El resultado parlamentario podrá medirse en votos y modificaciones. Pero las imágenes de la jornada quedarán asociadas a otra dimensión del debate: manifestantes heridos, gases en las calles y una trabajadora de prensa trasladada a un hospital.
La democracia no se reduce al momento en que los senadores levantan la mano. También se construye cuando una sociedad puede manifestarse, cuando las fuerzas de seguridad actúan dentro de límites razonables y cuando los periodistas pueden registrar esos acontecimientos sin que su propia integridad física esté en juego.
La escena frente al Congreso dejó, así, una pregunta que permanece abierta: ¿qué ocurre cuando el Estado responde al conflicto social con la fuerza y hasta quienes están allí para contarlo terminan heridos?
