El Gobierno avanzó durante 2026 con una acelerada cobertura de cargos judiciales, pero mantiene congelada la discusión por las dos vacantes de la Corte Suprema. La Casa Rosada evalúa postergar la definición hasta 2027, en un escenario atravesado por negociaciones políticas y por la necesidad de conseguir acuerdos en el Senado.
Javier Milei decidió poner en pausa una de las decisiones judiciales de mayor impacto político de su gestión: la cobertura de las dos vacantes que mantiene desde hace años la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo con la información publicada en medios periodisticos, la Casa Rosada busca trasladar la discusión hacia 2027, dejando para más adelante la definición de los nombres que completarán el máximo tribunal.
La demora contrasta con el ritmo que el Gobierno imprimió durante este año a la cobertura de cargos en el Poder Judicial. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia significó un cambio de velocidad: el Ejecutivo envió al Senado cientos de pliegos y logró avanzar con una cantidad inédita de designaciones en tribunales inferiores, fiscalías y defensorías.
La propia Casa Rosada presentó ese proceso como un récord institucional. En agosto, la Oficina del Presidente destacó la aprobación de 67 pliegos por parte del Senado y sostuvo que el Gobierno había alcanzado la mayor cantidad de designaciones judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura.
Pero la Corte es otra historia.
Una Corte que funciona con tres integrantes
El máximo tribunal argentino permanece integrado por tres jueces desde la salida de algunos de sus antiguos miembros. La Constitución establece que la Corte está compuesta por cinco integrantes, por lo que las dos vacantes requieren un procedimiento político particularmente exigente.
El Presidente debe proponer a los candidatos y conseguir posteriormente el acuerdo de dos tercios de los senadores presentes. Se trata, por lo tanto, de una negociación mucho más compleja que la correspondiente a los jueces de tribunales inferiores.
La normativa vigente también fue modificada este año. En junio, el Gobierno reformó mediante el Decreto 467/2026 el procedimiento para la selección de candidatos a la Corte, estableciendo nuevos plazos y mecanismos de publicación de antecedentes, declaraciones patrimoniales y posibles conflictos de intereses.
El dato político central es que Milei tiene capacidad para impulsar las candidaturas, pero necesita construir una mayoría parlamentaria que permita convertirlas en designaciones efectivas.
Y allí aparece uno de los principales obstáculos.
El Senado, la verdadera frontera
La experiencia de 2026 mostró que el oficialismo puede construir acuerdos para cubrir cargos judiciales inferiores. Sin embargo, trasladar esa lógica a la Corte Suprema implica poner sobre la mesa nombres con una dimensión política e institucional considerablemente mayor.
El Gobierno logró avanzar con numerosos nombramientos gracias a acuerdos entre distintos bloques del Senado. El propio Ejecutivo reivindicó el acompañamiento de legisladores de diferentes espacios como una muestra de consenso institucional.
La Corte, sin embargo, exige una mayoría especial.
Por eso, la postergación puede leerse también como una decisión vinculada al calendario político. En lugar de abrir ahora una negociación capaz de consumir capital político, la Casa Rosada parece preferir concentrarse en otros proyectos y dejar la discusión del máximo tribunal para un momento en el que las condiciones parlamentarias puedan ser más favorables.
El propio Gobierno había reconocido que completar la Corte no era una prioridad inmediata. En septiembre, fuentes oficiales señalaron que Milei decidiría si avanzar antes o después de una eventual reelección.
Mahiques aceleró abajo, pero la Corte quedó arriba
La paradoja de la política judicial del Gobierno es evidente: mientras la administración Milei acelera el nombramiento de magistrados en tribunales inferiores, mantiene abierta la incógnita sobre quiénes ocuparán las dos sillas vacías del máximo tribunal.
Mahiques llegó al Ministerio de Justicia en marzo con el objetivo de reducir el elevado número de vacantes. Según datos difundidos durante su gestión, el Ejecutivo llegó a enviar más de 200 pliegos al Senado durante 2026.
El Gobierno sostiene que esta política permite reducir las subrogancias, aliviar la sobrecarga de los tribunales y mejorar los tiempos de resolución de las causas.
El avance también alcanzó lugares particularmente sensibles. Entre ellos aparecen tribunales federales con competencia electoral, cuya integración adquiere especial relevancia de cara a las elecciones de 2027. El Ejecutivo prepara nuevos pliegos para cubrir cargos en provincias como Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes.
Es decir: el Gobierno está moviendo piezas importantes del tablero judicial mientras mantiene congelada la principal.
2027 aparece como el año clave
La postergación de la Corte tiene además una dimensión electoral. 2027 será un año atravesado por las elecciones nacionales y provinciales, y por una negociación política en la que el oficialismo buscará consolidar su estructura institucional.
En ese escenario, los nombres para la Corte pueden convertirse en una moneda de negociación de enorme importancia.
No es casual que el Ejecutivo haya avanzado primero con aquellos cargos cuya cobertura puede concretarse mediante negociaciones más específicas. La elección de los integrantes del máximo tribunal, en cambio, requiere un acuerdo político mucho más amplio.
El escenario también se produce después de un año en el que el Gobierno consiguió modificar sustancialmente el mapa judicial mediante una acelerada política de nombramientos. Una investigación periodistica señala que durante 2026 el Ejecutivo llegó a designar 166 jueces, fiscales y defensores públicos, mientras que el Gobierno reivindicó esas cifras como parte de una transformación de la Justicia.
La diferencia entre ese ritmo y la situación de la Corte resulta significativa.
Una definición que queda en manos de Milei
El ministro Mahiques sostuvo que la Corte volverá a tener cinco integrantes y que será el Presidente quien determine cuándo completar las vacantes.
La discusión, entonces, dejó de ser solamente jurídica. Es también una decisión política sobre el momento, los candidatos y la capacidad del Gobierno para reunir los votos necesarios en el Senado.
Mientras tanto, el máximo tribunal continuará funcionando con tres miembros.
La Casa Rosada gana tiempo. El Congreso evita, por ahora, una negociación de alto voltaje. Y Milei conserva para 2027 una decisión que puede tener consecuencias durante buena parte del resto de su mandato.
La paradoja es que el Gobierno que aceleró como nunca antes la cobertura de cargos judiciales decidió frenar precisamente frente a las dos vacantes más importantes del sistema.
La Corte puede esperar. Al menos, hasta que el calendario político diga lo contrario.
El eje central de la nota es la contradicción entre la aceleración de nombramientos judiciales durante 2026 y la postergación de la Corte, con 2027 como nuevo horizonte de negociación.
