La iniciativa que busca eliminar las restricciones a la compra de campos por parte de capitales extranjeros continúa empantanada en el Senado. Las dudas de aliados provinciales y la resistencia de la oposición mantienen frenado uno de los proyectos más sensibles de la agenda oficialista.
El oficialismo volvió a chocar contra un límite que ya se convirtió en una constante dentro del Congreso: la falta de votos propios para aprobar los proyectos más controvertidos de su programa de reformas. Esta vez, el obstáculo aparece en el tratamiento de la modificación de la Ley de Tierras, una iniciativa que pretende eliminar buena parte de las restricciones vigentes para que ciudadanos y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en la Argentina.
Después de varios intentos fallidos y sucesivas modificaciones al texto original, el Gobierno aún no consigue construir una mayoría estable en el Senado. La discusión quedó nuevamente postergada mientras continúan las negociaciones con bloques provinciales y sectores dialoguistas, cuyos senadores mantienen fuertes reparos sobre el impacto que tendría la norma en provincias con extensas fronteras, recursos naturales estratégicos y amplias superficies rurales.
Un proyecto que divide incluso a los aliados
La iniciativa forma parte del denominado proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", aunque el capítulo que concentra la mayor controversia es el referido a la flexibilización de la Ley 26.737, sancionada en 2011.
La legislación vigente establece que la titularidad extranjera sobre tierras rurales no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial o departamental, además de fijar límites para compradores de una misma nacionalidad y restricciones sobre zonas consideradas estratégicas. El proyecto impulsado por el oficialismo propone eliminar buena parte de esos topes con el argumento de generar un marco más atractivo para las inversiones privadas.
Sin embargo, ese punto encontró resistencias incluso entre legisladores que habitualmente acompañan al Gobierno. Gobernadores de provincias fronterizas hicieron llegar su preocupación a sus representantes en el Senado, mientras distintos bloques reclaman mantener mecanismos de control sobre territorios considerados sensibles para la seguridad y la soberanía nacional.
La aritmética parlamentaria sigue siendo el principal problema
Más allá del contenido del proyecto, el episodio volvió a exhibir una dificultad que atraviesa toda la gestión legislativa del Gobierno: la escasez de bancas propias.
La Libertad Avanza depende de acuerdos permanentes con sectores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales para reunir mayorías. Cuando las iniciativas afectan intereses territoriales o generan costos políticos para los gobernadores, esos respaldos dejan de ser automáticos y las negociaciones se vuelven mucho más complejas.
La reforma de la Ley de Tierras representa uno de esos casos. A diferencia de otras iniciativas económicas, aquí confluyen preocupaciones vinculadas con el control del territorio, los recursos naturales, el acceso al agua y las competencias provinciales sobre el suelo rural, factores que dificultan la construcción de consensos.
El debate sobre la soberanía vuelve al centro de la escena
El oficialismo sostiene que eliminar restricciones facilitaría la llegada de inversiones productivas y dinamizaría el mercado inmobiliario rural. Sus críticos, en cambio, advierten que la reforma podría acelerar un proceso de concentración y extranjerización sobre tierras con alto valor estratégico.
La discusión excede el plano económico. También involucra cuestiones vinculadas con la administración de recursos hídricos, áreas de frontera, producción agropecuaria y preservación del patrimonio territorial. Por ese motivo, numerosos especialistas y organizaciones rurales consideran que cualquier modificación requiere un debate amplio y consensuado.
Negociaciones abiertas y futuro incierto
Con el tratamiento nuevamente aplazado, el Gobierno buscará durante los próximos días sumar voluntades mediante nuevas modificaciones al texto. No será una tarea sencilla.
Las sucesivas postergaciones dejaron en evidencia que, aun cuando el Ejecutivo mantiene como prioridad la aprobación de esta reforma, la resistencia parlamentaria continúa siendo significativa. Cada nueva versión del proyecto intenta acercar posiciones, pero también refleja las dificultades del oficialismo para transformar su agenda política en mayorías legislativas.
Mientras tanto, la reforma de la Ley de Tierras permanece como uno de los debates más sensibles del año legislativo. Su desenlace no solo definirá el futuro del régimen de propiedad rural, sino que también servirá como una nueva prueba de la capacidad del Gobierno para construir consensos en un Congreso donde los números siguen sin alcanzarle.
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