POLÍTICA NACIONAL | CONGRESO | PRESUPUESTO 2027
Martín Menem tuvo que postergar la firma del dictamen ante la falta de acuerdos con los bloques que habitualmente acompañan al Gobierno. El macrismo exige fondos para la Ciudad de Buenos Aires y los radicales reclaman financiamiento universitario. La intención oficialista de conseguir la media sanción el 18 de noviembre comienza a complicarse, mientras las tensiones revelan los límites políticos de la motosierra libertaria.
El Gobierno de Javier Milei descubrió que una cosa es conseguir votos para sostener un decreto y otra bastante diferente es reunir voluntades para aprobar un Presupuesto nacional. Y esta vez los problemas no llegaron exclusivamente desde la oposición más dura, sino desde los sectores que durante buena parte de la gestión funcionaron como aliados parlamentarios de la Casa Rosada.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió frenar la firma del dictamen del proyecto presupuestario después de que las negociaciones con el PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques dialoguistas no alcanzaran para garantizar un acuerdo.
El macrismo reclama recursos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el radicalismo insiste en asegurar partidas para las universidades nacionales.
Por primera vez en esta discusión presupuestaria, los sectores que suelen facilitarle el camino al oficialismo parecen decididos a negociar antes de levantar la mano.
El PRO le reclama a Milei una deuda millonaria con la Ciudad
La principal resistencia del macrismo tiene un destinatario concreto: Luis Caputo y el Ministerio de Economía.
El bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, exige que el Presupuesto 2027 contemple los fondos de coparticipación que la Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con los cálculos difundidos por el espacio, los pagos pendientes desde abril, actualizados a septiembre de 2026, ascienden a más de 628.000 millones de pesos.
No es el único reclamo.
Los diputados macristas también exigen reducir el impuesto a los combustibles, establecer mecanismos de transparencia para las concesiones viales y autorizar operaciones de financiamiento del Gobierno porteño.
Detrás de estas exigencias aparece una discusión más profunda: la relación entre la Nación y las jurisdicciones que reclaman recursos para sostener sus servicios y compromisos financieros.
El PRO acompañó numerosas iniciativas del Gobierno, pero ahora pretende que ese respaldo parlamentario tenga una respuesta concreta.
Desde la Casa Rosada deslizaron la posibilidad de resolver algunas cuestiones mediante acuerdos por fuera del Presupuesto. El macrismo, sin embargo, exige que los compromisos queden incorporados en la ley.
La desconfianza parece haberse instalado definitivamente entre dos espacios que, pese a sus diferencias, comparten buena parte de su orientación económica.
La UCR pone a las universidades en el centro de la negociación
El radicalismo también decidió condicionar su acompañamiento.
La principal exigencia está vinculada con el financiamiento de las universidades nacionales, uno de los sectores que más conflictos mantuvo con la administración libertaria.
El proyecto presupuestario contempla aproximadamente 7,7 billones de pesos para el sistema universitario, mientras que los rectores reclaman alrededor de 11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones y atender las obligaciones previstas por la legislación de financiamiento.
La diferencia supera los tres billones de pesos.
No se trata únicamente de una discusión contable. Las universidades necesitan recursos para pagar salarios docentes y no docentes, sostener servicios, financiar actividades académicas y garantizar el mantenimiento de edificios e instalaciones.
Los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional vienen advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones presupuestarias.
En ese contexto, el bloque radical pretende que el Gobierno incorpore partidas suficientes para evitar que las instituciones deban funcionar con recursos que consideran insuficientes.
El problema político para Milei es evidente: un sector que históricamente reivindica la educación pública y universitaria encuentra cada vez más dificultades para acompañar sin modificaciones un presupuesto cuestionado por los rectores.
Discapacidad: una concesión que todavía no alcanza
Otro de los puntos sensibles de la negociación es el financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El oficialismo aceptó retirar artículos del capítulo VI del proyecto presupuestario que habían generado fuertes cuestionamientos por sus efectos sobre el sistema de prestaciones.
La decisión representa una concesión frente a los bloques aliados y a los reclamos de organizaciones vinculadas con el sector.
Sin embargo, la discusión está lejos de quedar resuelta.
Los legisladores también exigen que se incorporen los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la legislación y en las iniciativas parlamentarias sobre discapacidad.
La diferencia es sustancial: eliminar una disposición que reduce derechos no garantiza automáticamente que existan recursos suficientes para sostenerlos.
Los prestadores, las familias y las personas con discapacidad necesitan certezas sobre la continuidad de tratamientos, servicios de rehabilitación, transporte y acompañamiento.
La discusión presupuestaria tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de miles de argentinos.
Los gobernadores también quieren respuestas
A las exigencias del PRO y la UCR se suman los reclamos de bloques provinciales que habitualmente negocian con la Casa Rosada.
Argentina Federal y otros espacios vinculados con gobernadores pretenden incorporar compromisos sobre infraestructura, financiamiento y obligaciones nacionales pendientes.
El diputado misionero Alberto Arrúa, por ejemplo, presentó una iniciativa para que el Ejecutivo adecue las partidas destinadas a las universidades y garantice el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
También aparecen demandas relacionadas con las cajas previsionales provinciales y el mantenimiento de rutas nacionales.
La situación revela una dificultad estructural del programa económico libertario: la reducción del gasto nacional puede mejorar determinados indicadores fiscales, pero también traslada presiones financieras hacia provincias, municipios e instituciones que dependen de transferencias públicas.
Los gobernadores necesitan mostrar resultados ante sus electorados y los diputados provinciales saben que acompañar un presupuesto sin respuestas concretas puede tener costos políticos.
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios.
Para alcanzar el quórum de 129 legisladores necesita sumar, como mínimo, otros 34 representantes.
Esa dependencia convierte a los bloques dialoguistas en actores fundamentales de la negociación.
El oficialismo busca el acompañamiento del PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y distintas bancadas provinciales.
Pero el respaldo que durante otros debates parecía relativamente asegurado ahora está condicionado por una serie de demandas específicas.
Martín Menem dedicó buena parte de las últimas jornadas a intentar acercar posiciones, sin conseguir un acuerdo suficiente para avanzar con el dictamen.
La dificultad no consiste solamente en reunir votos para aprobar el proyecto. Antes necesita garantizar que los aliados acompañen el despacho de comisión y permitan organizar una sesión con posibilidades reales de éxito.
Y cada concesión presupuestaria representa una discusión adicional con el Ministerio de Economía, que pretende preservar las metas fiscales.
La motosierra encuentra sus límites en el Congreso
El Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal es una condición indispensable para estabilizar la economía.
Sus defensores consideran que controlar el gasto público resulta necesario para reducir desequilibrios y evitar nuevas crisis.
Pero los cuestionamientos de los aliados muestran el otro lado del problema.
El presupuesto no es únicamente una herramienta para ordenar las cuentas del Estado. También expresa decisiones políticas sobre la distribución de recursos, la inversión pública y las prioridades sociales.
Cuando se discuten fondos para universidades, prestaciones por discapacidad o infraestructura vial, lo que está en juego no es una abstracción económica.
Se discute qué servicios se sostienen, qué compromisos se cumplen y qué responsabilidades asume el Estado nacional.
La estrategia libertaria enfrenta así una contradicción política: necesita los votos de dirigentes que comparten parte de su programa económico, pero que no están dispuestos a asumir todos los costos de sus recortes.
El ajuste, que desde la Casa Rosada suele presentarse como una decisión técnica inevitable, comienza a encontrar límites incluso entre quienes lo acompañaron.
El calendario legislativo se complica
La intención original del Gobierno era firmar el dictamen el miércoles 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre.
Ese cronograma quedó alterado por la falta de consenso.
Entre las alternativas que se analizan aparecen nuevas fechas para emitir dictamen durante noviembre, con la posibilidad de postergar el debate en el recinto hasta el día 25.
La demora también complica el tratamiento posterior en el Senado.
El Gobierno pretende conseguir la aprobación definitiva antes de finalizar el año, pero podría necesitar una extensión del período de sesiones ordinarias o una convocatoria a extraordinarias.
El tiempo, por lo tanto, se convierte en otro factor de presión.
Cuanto más se prolonguen las negociaciones, mayor será la capacidad de los aliados para exigir modificaciones.
Un oficialismo que debe aprender a negociar
La disputa presupuestaria exhibe una transformación en las relaciones políticas dentro del Congreso.
Durante buena parte de la gestión, Milei consiguió sostener decisiones centrales mediante acuerdos circunstanciales con el PRO, sectores radicales y representantes provinciales.
Ese esquema le permitió evitar derrotas parlamentarias y mantener aspectos fundamentales de su programa económico.
Pero la discusión del Presupuesto 2027 introduce un escenario diferente.
Los aliados ya no parecen conformarse con acompañar iniciativas oficiales a cambio de promesas futuras.
Quieren compromisos escritos, partidas identificables y respuestas que puedan mostrar ante sus propios electorados.
El PRO reclama recursos para la Ciudad. La UCR exige financiamiento universitario. Los bloques provinciales plantean demandas vinculadas con infraestructura y obligaciones nacionales. Y la discapacidad continúa siendo un asunto políticamente sensible.
El Gobierno deberá decidir cuánto está dispuesto a negociar sin alterar sus objetivos fiscales.
La verdadera discusión: quién paga el costo del ajuste
La demora del Presupuesto deja al descubierto una pregunta que atraviesa toda la política económica de Milei.
¿Quién debe asumir las consecuencias de reducir el gasto público?
Para el Gobierno, la prioridad es sostener el equilibrio fiscal. Para las universidades, garantizar el funcionamiento. Para las organizaciones de discapacidad, asegurar la continuidad de prestaciones. Para las provincias, recuperar recursos y financiar servicios.
Todas esas demandas convergen en el Congreso, donde la ley presupuestaria obliga a transformar las consignas económicas en decisiones concretas.
Milei puede insistir en que no hay margen para gastar más. Pero sus aliados comienzan a responder que tampoco hay margen político para seguir acompañando recortes sin discutir sus consecuencias.
La postergación del dictamen no significa que el Presupuesto esté derrotado. Significa que el oficialismo todavía no consiguió los acuerdos necesarios para aprobarlo.
Y mientras Martín Menem intenta recomponer una mayoría parlamentaria, queda una conclusión difícil de disimular: la motosierra que funcionaba como símbolo de fortaleza presidencial empieza a encontrar resistencia entre los mismos dirigentes que ayudaron a sostenerla.