El Gobierno volvió a ofrecer un aumento del 3 por ciento mientras los gremios universitarios reclaman una recomposición cercana al 32 por ciento. El Presupuesto 2027 profundiza la disputa: las universidades calculan que necesitarán 11 billones de pesos, mientras el proyecto oficial contempla 7,5 billones.
La pulseada entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales vuelve a ocupar el centro de la escena. La negociación salarial terminó nuevamente sin acuerdo y, mientras el Ejecutivo sostiene su propuesta de incremento del 3 por ciento, los trabajadores universitarios reclaman una recomposición muy superior para recuperar el poder adquisitivo perdido.
El conflicto ya dejó de ser solamente una discusión paritaria. A la demora en los salarios se suma la disputa por el financiamiento del sistema universitario, la investigación científica, las becas y los gastos de funcionamiento. En ese escenario, las universidades anunciaron una nueva jornada de protesta y convocaron a la quinta marcha federal universitaria para el 15 de octubre.
Una paritaria que volvió a terminar en punto muerto
El último encuentro entre funcionarios nacionales y representantes universitarios no consiguió destrabar la negociación. Según la información publicada por Página/12, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa el mismo aumento del 3 por ciento que ya había sido rechazado a comienzos de septiembre.
La propuesta quedó lejos de la recomposición que reclaman los trabajadores del sector. El reclamo salarial se ubica alrededor del 32 por ciento, mientras los sindicatos sostienen que la oferta oficial ni siquiera permite recuperar la inflación acumulada desde el último aumento.
Para los gremios, la situación no es solamente una discusión sobre el porcentaje de una paritaria. También cuestionan que el Estado nacional no estaría cumpliendo con las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, calificó la reunión como un fracaso y cuestionó tanto el contenido de la propuesta como el modo en que se desarrolló la negociación.
El resultado inmediato fue un nuevo paro universitario. Después de la medida realizada el viernes, los sindicatos anunciaron otra jornada para el martes, mientras el conflicto se encamina hacia una nueva movilización nacional.
La calle vuelve a ser el escenario
La protesta universitaria tendrá un nuevo capítulo el 15 de octubre, cuando se concrete la quinta marcha federal universitaria.
Todavía resta definir el lugar exacto de concentración. Entre las alternativas mencionadas aparecen Plaza de Mayo, el Congreso y los Tribunales. El objetivo de las organizaciones universitarias es volver a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la agenda pública.
La movilización tendrá además un antecedente inmediato: la decisión de la Universidad de Buenos Aires de implementar un esquema de paros rotativos en distintas dependencias.
El cronograma contempla interrupciones de actividades en el Rectorado y diferentes facultades durante varias semanas, con medidas previstas hasta el 22 de octubre. El conflicto, de esta manera, amenaza con extenderse más allá de una protesta puntual y afectar el normal funcionamiento de distintas instituciones universitarias.
El Presupuesto 2027 abre otro frente
La disputa salarial se superpone con otra discusión de mayor alcance: el proyecto de Presupuesto 2027.
Las universidades calculan que necesitan alrededor de 11 billones de pesos para sostener su funcionamiento, mientras el proyecto oficial contempla unos 7,5 billones.
La diferencia alcanza aproximadamente al 32 por ciento. Para las autoridades universitarias, esa brecha compromete no solamente los salarios sino también el pago de servicios, mantenimiento, infraestructura, becas y otras actividades esenciales.
El problema aparece agravado por el deterioro acumulado durante los últimos años. De acuerdo con los datos difundidos en el artículo, el financiamiento universitario proyectado equivaldría al 0,53 por ciento del PBI, frente al 0,87 por ciento registrado en 2015.
También se proyectan fuertes reducciones en gastos de funcionamiento y becas en comparación con 2023. Las autoridades universitarias advierten que, de mantenerse esos números, algunas instituciones podrían enfrentar dificultades para sostener sus actividades durante el próximo ciclo lectivo.
La amenaza sobre las clases
El conflicto presupuestario abre incluso un escenario de incertidumbre para 2027.
Las universidades advierten que, si buena parte de los recursos disponibles debe destinarse al pago de salarios, quedaría poco margen para afrontar los gastos cotidianos que permiten mantener abiertas las instituciones.
Electricidad, agua, seguridad, mantenimiento, infraestructura y actividades académicas forman parte de una estructura de costos que no desaparece aunque el presupuesto se reduzca.
Por eso, vuelve a aparecer la posibilidad de que algunas universidades tengan dificultades para garantizar el inicio normal del primer cuatrimestre del próximo año si no se modifica el esquema de financiamiento.
La ciencia también queda en el centro de la disputa
El conflicto excede a las universidades. La política de financiamiento científico aparece como otro de los puntos sensibles de la discusión presupuestaria.
La proyección para ciencia y tecnología alcanzaría el 0,17 por ciento del PBI durante 2027, por debajo de la meta establecida por la legislación vigente.
El recorte acumulado también habría golpeado de manera desigual a distintos organismos científicos y tecnológicos. Entre las instituciones mencionadas aparecen el Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional.
El exministro de Educación y Ciencia y Tecnología Daniel Filmus interpretó esta política como algo que excede un ajuste presupuestario y la vinculó con el modelo económico impulsado por el Gobierno. Esa es, sin embargo, una interpretación política atribuida al exfuncionario y no un hecho establecido independientemente.
Una disputa que ya lleva más de un año
El conflicto universitario se convirtió en uno de los enfrentamientos más persistentes entre el Gobierno y un sector organizado de la sociedad.
La discusión combina salarios, financiamiento, investigación, becas, infraestructura y el futuro de la educación superior pública. En paralelo, las universidades intentan sostener sus actividades mientras los gremios buscan recuperar los ingresos perdidos.
La Justicia también forma parte del escenario. Según, una medida cautelar vinculada con la actualización salarial y las becas ya intimó al Gobierno a cumplir determinados aspectos, mientras todavía resta una definición sobre el fondo de la Ley de Financiamiento Universitario.
Así, la disputa dejó de ser solamente presupuestaria. En las próximas semanas, el Congreso deberá discutir los números del Presupuesto 2027, los gremios volverán a las calles y las autoridades universitarias seguirán reclamando por los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
La quinta marcha federal del 15 de octubre será, en ese sentido, una nueva instancia de un conflicto que atraviesa al sistema universitario argentino y que pone en discusión cuánto dinero destina el Estado a la educación superior, la ciencia y la investigación.
Mientras el Gobierno sostiene su política de contención del gasto, las universidades reclaman que el financiamiento permita sostener salarios, infraestructura, becas, investigación y el funcionamiento cotidiano. El debate recién empieza y tendrá uno de sus escenarios centrales en la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027.
