POLÍTICA NACIONAL | CONGRESO | 8 DE OCTUBRE DE 2026
A una semana de una sesión decisiva en Diputados, el Gobierno despliega negociaciones políticas para evitar el rechazo del DNU 70/2023. Gustavo Sáenz y Raúl Jalil aparecen entre los mandatarios que podrían inclinar la balanza. Mientras tanto, la Corte Suprema se convierte en una pieza clave de la disputa por la Ley de Tierras y la soberanía sobre los recursos nacionales.
El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva batalla parlamentaria que amenaza con golpear uno de los pilares de su programa económico. La oposición convocó para el próximo jueves 15 de octubre a una sesión especial destinada a rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, la norma con la que el Presidente inauguró su ofensiva desreguladora sobre la economía argentina.
Pero entre las intenciones y los votos todavía existe una distancia considerable. Según los cálculos más optimistas de los bloques opositores, faltan alrededor de quince legisladores para alcanzar el número necesario que permita avanzar con la sesión.
La Casa Rosada conoce esa debilidad y trabaja para aprovecharla. Su estrategia combina negociaciones con gobernadores, promesas legislativas y expectativas sobre una eventual intervención de la Corte Suprema que reduzca la presión política sobre el oficialismo.
Los gobernadores, otra vez en el centro de la negociación
En el tablero político del Congreso, los gobernadores volvieron a convertirse en protagonistas de una disputa que excede ampliamente el contenido de un decreto.
La oposición tiene identificados unos veinte legisladores que podrían modificar el resultado de la votación. Se trata de diputados vinculados a Catamarca, Salta, Tucumán, Córdoba, Neuquén y Chubut, cuyos posicionamientos dependerán, en buena medida, de los acuerdos que sus provincias alcancen con el Gobierno nacional.
En ese escenario, las recientes reuniones de Karina Milei y Diego Santilli con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca, encendieron las alarmas opositoras.
Los encuentros realizados en París aceleraron las conversaciones políticas y electorales entre el oficialismo y los mandatarios provinciales. Al mismo tiempo, debilitaron las expectativas de quienes impulsan el rechazo del megadecreto.
La consecuencia inmediata podría ser una votación dividida dentro de Argentina Federal, el espacio parlamentario que reúne a representantes de Salta y Misiones.
Mientras algunos legisladores evalúan acompañar la ofensiva opositora, otros podrían ausentarse o facilitar que el oficialismo conserve una norma central para su programa económico.
Salta y el papel de Gustavo Sáenz
La posición del gobernador salteño adquiere especial importancia porque la discusión involucra directamente el futuro de las tierras rurales y las restricciones a su adquisición por capitales extranjeros.
Salta posee extensas superficies rurales, importantes recursos naturales y territorios estratégicos para la producción agropecuaria, la minería y las comunidades originarias.
En ese contexto, la postura que adopten sus representantes nacionales tendrá consecuencias políticas que trascienden la relación entre el gobernador y la Casa Rosada.
El acercamiento entre Sáenz y el oficialismo abre interrogantes sobre la posibilidad de que los diputados vinculados al mandatario acompañen el rechazo del DNU.
La negociación también coloca al gobernador frente a una disyuntiva: preservar su vínculo con el Ejecutivo nacional o respaldar una iniciativa que busca restablecer límites a la extranjerización de la tierra.
Por ahora, no existe una definición uniforme de los legisladores vinculados al espacio provincial. Esa incertidumbre es precisamente uno de los factores que el Gobierno busca aprovechar.
La Ley de Tierras, el verdadero corazón del conflicto
Detrás de la disputa parlamentaria aparece una cuestión estratégica: quién puede comprar tierras rurales en Argentina y bajo qué condiciones.
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, que establecía restricciones a la propiedad rural extranjera.
La legislación fijaba, entre otras disposiciones, un límite general del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y restricciones específicas para personas o empresas de una misma nacionalidad.
Su derogación eliminó esas barreras legales y abrió una discusión sobre los riesgos de concentración y extranjerización del territorio.
Para el Gobierno, las restricciones desalientan inversiones y limitan el ejercicio de la propiedad privada. Para quienes defienden la legislación anterior, los límites constituyen una herramienta de protección territorial y soberanía nacional.
El debate adquiere especial relevancia en provincias con grandes extensiones rurales y recursos naturales estratégicos.
La Corte Suprema, una esperanza para la Casa Rosada
Mientras los bloques parlamentarios cuentan votos, el Gobierno observa con atención los movimientos de la Corte Suprema.
El máximo tribunal convocó a dos conjueces para intervenir en una causa vinculada con el cuestionamiento ambiental a la derogación de la Ley de Tierras.
La presentación de la organización Árbol de Pie plantea una controversia sobre la legitimidad de la eliminación de las restricciones mediante el DNU.
En el oficialismo consideran que un eventual pronunciamiento judicial podría modificar el escenario político y restarle argumentos a la convocatoria opositora.
Incluso se analiza la posibilidad de incorporar nuevamente ciertas restricciones a la compra de tierras por extranjeros dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que todavía debe completar su recorrido legislativo.
La maniobra permitiría al Gobierno ofrecer una concesión puntual sin renunciar al conjunto de reformas incluidas en el megadecreto.
Es decir, retroceder parcialmente en una cuestión particularmente sensible para intentar conservar el resto de su programa desregulador.
El oficialismo apuesta a vaciar la sesión
La estrategia parlamentaria del Gobierno no depende exclusivamente de conseguir votos favorables.
También busca impedir que la oposición alcance los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.
En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, predomina el optimismo sobre la posibilidad de frustrar la convocatoria.
El oficialismo prepara una agenda alternativa para la semana siguiente, con proyectos vinculados a discapacidad, transparencia en los créditos, soberanía y propuestas impulsadas por bloques aliados.
El objetivo es ofrecer a los legisladores dialoguistas una oportunidad posterior para tratar asuntos de su interés, a cambio de que no participen de la sesión del 15 de octubre.
La oposición, por su parte, evalúa mantener el tratamiento de otras iniciativas, como la emergencia en discapacidad y el sobreendeudamiento de las familias, incluso si el escenario judicial modifica la discusión sobre el DNU.
Pichetto advierte sobre el riesgo de extranjerización
El diputado Miguel Ángel Pichetto se convirtió en una de las voces que cuestionan con mayor insistencia la eliminación de las restricciones sobre la propiedad rural extranjera.
Junto con Nicolás Massot impulsó una presentación judicial para intentar impedir que avance la venta de tierras sin los límites establecidos por la legislación anterior.
También propuso incorporar el restablecimiento de la Ley de Tierras dentro del debate legislativo sobre soberanía, una alternativa que fue descartada por el oficialismo.
Pichetto considera que el escenario representa un problema de gravedad institucional y advierte sobre las consecuencias de dejar el territorio nacional expuesto a operaciones de compra sin las restricciones previas.
Su posicionamiento expresa una preocupación que atraviesa sectores políticos diferentes: la necesidad de establecer reglas sobre la propiedad de recursos territoriales estratégicos.
Una votación que también anticipa el escenario electoral de 2027
La disputa por el DNU tiene una dimensión que excede el Congreso.
Las conversaciones entre gobernadores y funcionarios nacionales comienzan a entrelazarse con la construcción de alianzas para las elecciones de 2027.
En ese escenario, cada voto parlamentario adquiere un valor adicional. Los mandatarios provinciales buscan sostener sus márgenes de negociación con la Casa Rosada, mientras el Gobierno necesita evitar una derrota que debilite su autoridad política.
La oposición enfrenta su propio desafío: transformar el rechazo a determinadas políticas presidenciales en una mayoría parlamentaria capaz de sostener decisiones concretas.
La experiencia reciente demuestra que cuestionar al Gobierno no siempre significa estar dispuesto a enfrentarlo en una votación decisiva.
Quince votos separan a Milei de una nueva derrota
La sesión del 15 de octubre se perfila como una prueba de fuerza para todos los sectores políticos.
El Gobierno necesita conservar los apoyos que le permitan bloquear el tratamiento del megadecreto. La oposición debe sumar voluntades entre legisladores que mantienen vínculos con gobernadores cercanos al oficialismo.
En el medio aparece una discusión de enorme trascendencia: el futuro de las tierras rurales argentinas, el alcance de las facultades presidenciales y la capacidad del Congreso para ejercer controles sobre el Poder Ejecutivo.
Para Milei, impedir la sesión significaría conservar una herramienta fundamental de su proyecto económico.
Para la oposición, reunir los votos representaría la posibilidad de imponer un límite institucional a una de las principales decisiones del Gobierno.
La paradoja es que una discusión sobre la soberanía nacional puede terminar resolviéndose en conversaciones políticas entre gobernadores y funcionarios, lejos del recinto donde deberían debatirse públicamente esas decisiones.
El jueves 15 de octubre no solamente estará en juego la continuidad de un decreto. También quedará expuesto hasta dónde llegan las convicciones de los legisladores cuando las negociaciones políticas entran en escena.
