El Senado volverá a convertirse esta semana en el escenario de una de las discusiones más sensibles para el gobierno de Javier Milei. La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo más controvertido modifica el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, llegará nuevamente al recinto con un interrogante que aún no tiene respuesta: si el oficialismo logrará reunir los votos necesarios para aprobarla.
Después de varios intentos fallidos y sucesivas modificaciones al proyecto original, La Libertad Avanza intensificó durante los últimos días las negociaciones con bloques dialoguistas y legisladores provinciales. El objetivo es alcanzar una mayoría que hasta ahora se mostró esquiva y que depende, fundamentalmente, de un reducido grupo de senadores que todavía no definieron públicamente su postura.
Los votos que pueden inclinar la balanza
En el centro de las conversaciones aparecen legisladores de la Unión Cívica Radical, representantes de fuerzas provinciales y senadores que responden principalmente a los intereses de sus gobernadores. Entre los nombres que concentran la atención figuran Camau Espínola, Flavia Royón y Eduardo Vischi, junto a otros integrantes de bloques considerados "dialoguistas", cuyo respaldo podría resultar determinante para el resultado final.
El oficialismo necesita sumar apoyos fuera de su bloque para compensar la resistencia que despierta uno de los artículos centrales del proyecto: la flexibilización del régimen de adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Un proyecto que cambió varias veces
Desde que comenzó su tratamiento parlamentario, la iniciativa sufrió numerosas modificaciones. La propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, eliminaba prácticamente todas las restricciones existentes para la compra de tierras por capitales extranjeros.
Sin embargo, la falta de consenso obligó al Gobierno a negociar una nueva redacción. El texto que llegó a consideración de los bloques aliados mantiene un límite, aunque lo amplía del 15 al 25 por ciento del territorio que puede quedar en manos de propietarios extranjeros, en un intento por captar los votos que hasta ahora le fueron negados.
Soberanía, inversiones y control del territorio
La discusión excede el plano estrictamente económico y se transformó en un debate sobre la administración de recursos estratégicos del país.
Los sectores que respaldan la iniciativa sostienen que flexibilizar el régimen favorecerá la llegada de inversiones privadas, dinamizará el mercado inmobiliario rural y eliminará regulaciones consideradas excesivas.
En cambio, los bloques opositores, organizaciones rurales y especialistas en derecho ambiental advierten que una apertura de este tipo podría facilitar la concentración de grandes extensiones de territorio en manos de intereses extranjeros, especialmente en zonas fronterizas, regiones con reservas de agua dulce, áreas cordilleranas y territorios con importantes recursos minerales.
Una votación abierta
La incertidumbre domina el escenario parlamentario. Ningún bloque da por asegurado el resultado y las negociaciones continúan prácticamente hasta el inicio de la sesión.
En la Casa Rosada consideran que las últimas modificaciones mejoraron las posibilidades de aprobación. No obstante, desde distintos sectores de la oposición afirman que todavía existen dudas sobre el texto definitivo que llegará al recinto y sostienen que varios legisladores mantienen reservas respecto del alcance real de la reforma.
Mientras tanto, organizaciones sociales, entidades rurales y referentes políticos preparan movilizaciones para acompañar el debate legislativo, en una discusión que promete convertirse en uno de los principales capítulos de la agenda política de la semana y cuyo desenlace dependerá, una vez más, del voto de un puñado de senadores que aún no definieron públicamente su posición.
