El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al Estado nacional para cumplir con la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley 27.795. La resolución contempla salarios docentes y no docentes, becas y programas de asistencia estudiantil. Si persiste el incumplimiento, podrán aplicarse multas económicas por cada día de demora.
El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia intimó al Estado nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar vigente vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien advirtió que, si el Ejecutivo continúa sin cumplir, podrá imponer sanciones económicas diarias.
La decisión llega después de meses de disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley 27.795. El reclamo no se limita al presupuesto destinado al funcionamiento de las casas de estudio: también involucra la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes y la actualización de las becas y programas de asistencia destinados a estudiantes.
La Justicia, esta vez, fue directa: la cautelar está vigente y debe cumplirse.
Cinco días para cumplir
Cormick estableció un plazo perentorio de cinco días para que el Gobierno dé cumplimiento efectivo a la medida judicial. La intimación incluye la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada jornada de demora.
El planteo había sido realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó que el Estado ejecutara una medida que ya había quedado firme. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, calificó la resolución como una “excelente noticia” y sostuvo que las universidades continuarán reclamando hasta que la ley sea aplicada.
El dato jurídico central es que la cautelar no constituye una decisión aislada. La medida había sido dictada originalmente por Cormick en diciembre de 2025, posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y finalmente quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo el 25 de junio de 2026.
El recorrido judicial, por lo tanto, deja poco margen para interpretar la resolución como una primera advertencia.
El conflicto por los salarios
Uno de los puntos más sensibles de la disputa es la recomposición salarial. Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 establecen mecanismos de actualización para los salarios del personal docente y no docente y contemplan la recomposición de programas de asistencia estudiantil.
Las organizaciones gremiales sostienen que existe un deterioro acumulado de los ingresos del sector universitario. Según los porcentajes difundidos durante el conflicto, el reclamo de recomposición salarial supera ampliamente las propuestas realizadas por el Gobierno en las últimas negociaciones.
En septiembre, los sindicatos rechazaron una propuesta oficial que contemplaba aumentos del 3 por ciento para septiembre y otro 3 por ciento para octubre. El conflicto paritario volvió así a cruzarse con la disputa judicial por la aplicación de la ley.
La discusión ya no pasa solamente por cuánto aumenta un salario. También está en juego qué mecanismo debe utilizarse para actualizarlo y quién tiene la última palabra cuando existe una ley aprobada por el Congreso y una orden judicial que exige su cumplimiento.
El argumento del Gobierno
El Ejecutivo intentó durante los últimos meses demostrar que había avanzado en el cumplimiento de la normativa mediante acuerdos con el sistema universitario.
El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y representantes gremiales habían firmado un acta que contemplaba fondos para incrementar la masa salarial, una suba de partidas destinadas al funcionamiento universitario y mayores recursos para hospitales universitarios. También se estableció una actualización de las Becas Manuel Belgrano.
Para el Gobierno, ese acuerdo permitía sostener que las obligaciones centrales de la ley habían sido atendidas y que, por lo tanto, correspondía levantar la medida cautelar.
Pero el juez Cormick rechazó ese planteo a comienzos de septiembre. Según la resolución, el Estado no había logrado demostrar que esos acuerdos hubieran eliminado los perjuicios que habían justificado la cautelar ni que existiera una solución definitiva para el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios.
Ahora, con la nueva intimación, la discusión entra en una etapa más concreta: el Gobierno tiene cinco días para acreditar el cumplimiento.
Una ley que sigue en disputa
La Ley de Financiamiento Universitario se convirtió desde 2025 en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y la comunidad académica.
El Ejecutivo había cuestionado la aplicación de la norma y dictado el Decreto 759/2025, cuya constitucionalidad es discutida en el expediente judicial. Las universidades sostienen que ese decreto suspendió materialmente la ejecución de la ley al condicionar su implementación a la identificación de fuentes de financiamiento.
La Justicia, entretanto, mantuvo vigente la cautelar.
En junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Gobierno y dejó firme la decisión cautelar. El máximo tribunal no resolvió en esa instancia el fondo de la controversia, pero la consecuencia procesal fue significativa: la medida que obliga al Estado a aplicar determinadas disposiciones de la ley continúa vigente mientras avanza la causa.
Las universidades vuelven a las calles
La pulseada judicial se desarrolla al mismo tiempo que crece la conflictividad en las universidades.
Los gremios docentes y no docentes preparan nuevas medidas de fuerza y una nueva Marcha Federal Universitaria fue convocada para el 15 de octubre. El reclamo salarial se mezcla con la discusión por el presupuesto, el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de las políticas de becas.
El conflicto tiene así dos escenarios simultáneos. Uno está en los tribunales, donde las universidades buscan que se haga efectiva una norma ya aprobada. El otro está en las calles, donde docentes, no docentes y estudiantes reclaman por el financiamiento del sistema público.
La intimación de Cormick agrega presión a un Gobierno que sostiene como uno de sus principales objetivos el equilibrio fiscal. La cuestión que deberá resolver ahora el Ejecutivo es cómo responder a una orden judicial que exige aplicar una ley que la administración de Milei viene cuestionando desde su aprobación.
Cinco días.
Ese es el nuevo plazo que tiene el Gobierno para demostrar ante la Justicia que está cumpliendo. De lo contrario, el conflicto universitario podría sumar una nueva dimensión: las sanciones económicas contra el Estado por cada día de incumplimiento.
