El Ejecutivo puso en marcha la reglamentación de la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026. El nuevo sistema alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 y establece un esquema de sanciones que incluye, para los delitos más graves, la privación de la libertad. La reforma abre una fuerte discusión sobre seguridad, derechos de niños y adolescentes y políticas de prevención.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil, una de las reformas más controvertidas impulsadas durante su gestión. A través del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, quedó establecido el mecanismo para implementar la Ley 27.801, que extiende la responsabilidad penal a adolescentes desde los 14 años.
La norma ya había entrado en vigencia durante el fin de semana. La reglamentación publicada ahora establece cómo funcionará el nuevo sistema y designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
El cambio supone un giro respecto del esquema anterior: los adolescentes de 14 y 15 años pueden ahora ser imputados, procesados y, bajo las condiciones previstas por la ley, condenados por delitos. La reforma contempla un régimen específico y diferenciado del sistema penal para adultos.
La edad de responsabilidad penal baja a los 14 años
La Ley 27.801 establece que el régimen se aplica a quienes tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer un delito contemplado en el Código Penal o en leyes penales especiales.
La propia legislación señala que el objetivo no es solamente sancionar, sino fomentar en el adolescente la responsabilidad por sus actos y promover su educación, resocialización e integración social. También reconoce las garantías constitucionales y los derechos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, uno de los puntos que mayor controversia genera es precisamente la edad. Hasta la reforma, los menores de 16 años no podían recibir una condena penal, aunque los jueces podían disponer determinadas medidas restrictivas de su libertad.
Ahora, la frontera se ubica en los 14 años.
No todos los delitos implicarán prisión
La reforma no establece que cualquier adolescente de 14 años que cometa una infracción termine automáticamente en una cárcel.
El nuevo régimen contempla un abanico de respuestas que va desde amonestaciones y reglas de conducta hasta medidas de seguimiento y monitoreo electrónico. También incorpora alternativas como tareas comunitarias y restricciones para salir del país, dependiendo de la gravedad del delito y de las circunstancias del caso.
La privación efectiva de la libertad queda reservada para situaciones consideradas especialmente graves, entre ellas homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales y robos cometidos con violencia, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley.
El máximo de privación de libertad previsto por el régimen es de 15 años, incluso cuando la eventual acumulación de delitos pudiera arrojar una pena superior.
Un sistema con supervisores especializados
La reglamentación también crea mecanismos destinados a realizar un seguimiento específico de los adolescentes sometidos al nuevo régimen.
Entre ellos aparece el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Se trata de profesionales que deberán acompañar y controlar a los jóvenes durante el cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia.
La formación especializada será un requisito central. El sistema contempla perfiles vinculados con educación, pedagogía, psicología, trabajo social y otras disciplinas relacionadas con adolescentes.
La intención oficial es que el cumplimiento de una sanción no quede reducido al castigo, sino que incluya herramientas destinadas a evitar la reincidencia y favorecer la reinserción.
Las víctimas también ocupan un lugar central
Otro de los componentes incorporados al nuevo régimen es la atención integral de las víctimas.
La reglamentación establece mecanismos de coordinación y asistencia, mientras que la ley amplía la participación de las víctimas dentro del proceso penal juvenil.
El Gobierno presenta esta dimensión como uno de los elementos que diferencian al nuevo sistema del régimen anterior: no solamente se busca determinar la responsabilidad del adolescente, sino también contemplar las consecuencias que el delito produjo sobre quienes fueron afectados.
Una reforma que profundiza el debate sobre seguridad
La entrada en vigencia del nuevo régimen vuelve a colocar en el centro de la agenda una discusión que atraviesa a la Argentina desde hace años: qué hacer frente a los delitos cometidos por adolescentes.
Para el oficialismo, reducir la edad de responsabilidad penal constituye una herramienta para enfrentar delitos graves y establecer un sistema específico que permita que los jóvenes que delinquen respondan ante la Justicia.
Sus defensores también sostienen que el régimen incorpora garantías procesales y medidas alternativas al encierro, evitando equiparar automáticamente a un adolescente con un adulto.
Pero la reforma genera cuestionamientos entre especialistas y organizaciones que advierten sobre los riesgos de abordar el delito juvenil principalmente desde una perspectiva punitiva. La discusión excede la cuestión de la edad y alcanza también las condiciones de los lugares de alojamiento, el acceso a la educación, la salud mental, las adicciones, la pobreza y las políticas de prevención.
El desafío será cómo se aplica
El nuevo régimen ya es una realidad jurídica, pero su funcionamiento dependerá en buena medida de la capacidad del Estado para poner en marcha las estructuras previstas por la ley.
La norma invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones procesales y administrativas al nuevo sistema. Esto significa que la implementación requerirá coordinación entre distintas jurisdicciones y organismos.
En ese punto aparece uno de los principales interrogantes: si el Estado pretende que el nuevo sistema sea realmente de responsabilidad penal juvenil y no simplemente una reducción de la edad de encarcelamiento, deberá garantizar recursos para la educación, la asistencia, el seguimiento y la reinserción.
La modificación ya está vigente. Desde ahora, un adolescente de 14 o 15 años puede quedar sometido a un proceso penal por un delito. Pero la verdadera discusión recién comienza: qué modelo de justicia juvenil construirá la Argentina y si el nuevo régimen será capaz de combinar seguridad, responsabilidad y derechos.
La respuesta no estará solamente en los tribunales. También dependerá de lo que ocurra antes de que un adolescente llegue a cometer un delito y de las herramientas que el Estado sea capaz de ofrecer después.
