El oficialismo logró un dictamen con respaldo del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas, pero ahora enfrenta nuevas exigencias. Los aliados reclaman precisiones sobre el financiamiento y amenazan con retirar su apoyo si el Presupuesto 2027 mantiene el recorte al sistema de discapacidad.
La discusión por la política de discapacidad volvió a abrir una grieta dentro del esquema parlamentario que sostiene al Gobierno de Javier Milei. Los bloques que habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso comenzaron a exigir definiciones concretas sobre el financiamiento de la nueva legislación y pusieron en duda su respaldo si la Casa Rosada no modifica el capítulo correspondiente del Presupuesto 2027.
La tensión se instaló después de que La Libertad Avanza consiguiera en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto un dictamen de mayoría que retoma varios de los principales componentes de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El texto consiguió 42 firmas, con apoyo del PRO, la UCR, el MID, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad.
Pero el acuerdo parlamentario quedó condicionado a una cuestión central: de dónde saldrá el dinero para sostener las prestaciones.
Según informó Página/12, los diputados Oscar Zago, Eduardo Falcone, Oscar Herrera Ahuad y Álvaro González reclamaron que el Gobierno informe con urgencia cuánto costará aplicar la nueva ley. También solicitaron precisiones a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y plantearon que el capítulo del Presupuesto 2027 que reduce recursos para el sector sea reemplazado por un esquema explícito de financiamiento.
Un acuerdo que vuelve a ponerse en duda
La estrategia oficial había sido presentar una propuesta alternativa a la prórroga de la emergencia que impulsaba la oposición.
El nuevo texto conserva elementos centrales del sistema vigente: el nomenclador único y su mecanismo de actualización, una pensión equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, la compatibilidad de la pensión con determinados niveles de empleo registrado, la cobertura de salud y beneficios para empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad.
También establece que los recursos destinados al sistema no deberían disminuir en términos reales respecto del año anterior.
Sobre el papel, el proyecto busca ofrecer previsibilidad.
El problema político aparece cuando esa promesa debe traducirse en partidas presupuestarias concretas.
Los aliados del oficialismo quieren saber cuánto costará la aplicación de la norma antes de comprometer definitivamente sus votos en el recinto.
El Presupuesto 2027, en el centro de la disputa
El conflicto no surgió de manera aislada. El proyecto de Presupuesto 2027 había incorporado disposiciones que generaron fuertes cuestionamientos porque modificaban aspectos centrales de la legislación de discapacidad.
Entre otras medidas, el texto planteaba cambios en la actualización de los pagos a prestadores, modificaciones en el régimen de pensiones y alteraciones en herramientas utilizadas para acreditar la discapacidad.
La inclusión de esas disposiciones generó malestar incluso dentro del propio oficialismo.
Patricia Bullrich había cuestionado públicamente que esos cambios aparecieran en el proyecto presupuestario sin haber sido discutidos previamente en la mesa política del Gobierno. La senadora sostuvo entonces que la situación complicaba su posición frente a los aliados parlamentarios.
El episodio dejó expuesta una dificultad política: mientras el Gobierno buscaba construir acuerdos en Diputados para evitar una nueva derrota, el Presupuesto enviado por el Ejecutivo incorporaba medidas que podían volver a poner en riesgo esos acuerdos.
La amenaza de una nueva mayoría opositora
La oposición mantiene su propio dictamen, que propone prorrogar la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027.
El escenario plantea una posibilidad concreta: si los aliados retiran su respaldo al proyecto oficialista, el peronismo y el resto de la oposición podrían intentar construir nuevamente una mayoría en el recinto alrededor de la prórroga.
El antecedente pesa. El oficialismo ya sufrió varias derrotas parlamentarias en torno a la discapacidad y tuvo que modificar su estrategia para evitar que el conflicto volviera a escalar.
En septiembre, el Gobierno había comenzado a ceder ante la presión de los bloques dialoguistas y aceptó avanzar con un texto que recuperaba aspectos centrales de la emergencia.
Ahora, sin embargo, el problema vuelve a ser el mismo: los legisladores aliados quieren garantías de que lo aprobado no quedará solamente en una declaración de buenas intenciones.
Qué dice la nueva propuesta
El proyecto oficialista introduce un mecanismo mediante el cual la Jefatura de Gabinete deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias durante el primer ejercicio de vigencia para garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios previstos.
También incorpora auditorías periódicas y cruces de información entre organismos estatales, entre ellos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo un esquema que busca combinar controles administrativos con garantías de debido proceso.
La UCR, además, pidió que la nueva legislación entre en vigencia dentro de un plazo de 30 días.
El punto que todavía genera incertidumbre es el costo fiscal efectivo y la manera en que será incorporado al Presupuesto.
El fantasma de un nuevo veto
Las dudas se profundizaron luego de que circularan versiones sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo volviera a vetar una eventual ley de discapacidad.
Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negaron que exista una decisión tomada en ese sentido y señalaron que las partidas correspondientes ya estarían contempladas en el Presupuesto.
La discusión, sin embargo, no terminó.
El oficialismo necesita evitar que el tratamiento de la discapacidad se transforme nuevamente en una votación adversa y, al mismo tiempo, preservar la relación con los bloques que resultan indispensables para aprobar otros proyectos de la agenda económica y política.
La cuestión excede así el contenido de una ley.
Se convirtió en una prueba para el funcionamiento de la mayoría parlamentaria que el Gobierno intenta construir después de meses de negociaciones, derrotas y acuerdos parciales.
El Congreso vuelve a marcar la cancha
El tratamiento de la nueva legislación podría llegar al recinto durante los primeros días de octubre. En ese momento quedará expuesto si el acuerdo alcanzado en comisión consigue transformarse en una mayoría parlamentaria estable.
La disputa también tendrá una dimensión política adicional. El 9 de noviembre, el papa León XIV tiene previsto visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven unas 400 personas con patologías severas. El tema de la discapacidad, por lo tanto, permanecerá durante las próximas semanas en un escenario de alta visibilidad pública.
Mientras tanto, los aliados del Gobierno ya enviaron su señal: acompañar el proyecto oficialista no implica otorgarle un cheque en blanco.
La exigencia es concreta: conocer cuánto costará la ley, garantizar los recursos y evitar que el Presupuesto 2027 vuelva a contener disposiciones que contradigan el acuerdo alcanzado en el Congreso.
La Casa Rosada deberá ahora decidir cuánto está dispuesta a ceder para conservar los votos.
Y los bloques dialoguistas deberán resolver si mantienen el respaldo al oficialismo o si, ante la falta de garantías presupuestarias, vuelven a acompañar la prórroga de la emergencia impulsada por la oposición.
La próxima batalla por discapacidad se jugará, una vez más, en Diputados. Pero esta vez el conflicto no enfrenta solamente al Gobierno con la oposición: también pone a prueba hasta dónde llegan los límites de sus propios aliados.
