La presentación de un libro que reúne textos de familiares de víctimas de la violencia política de los años 70 y de militares condenados por delitos de lesa humanidad volvió a colocar en el centro de la escena la disputa por la memoria histórica. El evento se realizó en el Anexo A de la Cámara de Diputados y contó con la participación de dirigentes y referentes vinculados al oficialismo libertario.
La actividad tuvo como eje la presentación de Larrabure: voces para el reencuentro, una publicación compilada por el general retirado José Luis Figueroa, expresidente del Foro de Generales Retirados. Entre sus 48 textos aparecen colaboraciones de Horacio Losito y Eduardo Cardozo, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El encuentro adquirió una dimensión política que excedió ampliamente la presentación editorial. Una de las asistentes destacadas fue Cecilia Pando, histórica defensora de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Pando celebró que el Congreso se haya convertido, según sus palabras, en un espacio donde pueden contar su versión de la historia, algo que contrastó con los gobiernos kirchneristas.
Los condenados que vuelven a ocupar espacios públicos
La presencia de Horacio Losito constituye uno de los puntos más controvertidos. El militar fue condenado en distintas causas por delitos cometidos durante la dictadura. En 2009 recibió una primera condena a 25 años de prisión por crímenes cometidos en Corrientes; posteriormente fue condenado a prisión perpetua por la denominada Masacre de Margarita Belén y en 2023 recibió otra pena de 25 años.
Eduardo Cardozo, por su parte, integró el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan y recibió una condena a prisión perpetua. La publicación de sus textos dentro de un libro presentado en dependencias oficiales del Congreso fue, uno de los elementos que provocaron críticas desde sectores vinculados a los derechos humanos.
El libro también incluye escritos del ex carapintada Aldo Rico y del ex camarista de Casación Penal Eduardo Riggi. La presencia de Riggi adquiere además una dimensión particular porque su nombre apareció en conversaciones entre abogados y allegados a represores que trascendieron públicamente después de la visita de legisladores libertarios a detenidos en el penal de Ezeiza.
La nueva batalla por el relato
La actividad fue organizada por el diputado tucumano Federico Agustín Pelli, quien reivindicó públicamente su paso por el Colegio Militar. También participó el obispo castrense Santiago Olivera, señalado, como crítico de los procesos judiciales por crímenes contra la humanidad.
Otro de los protagonistas fue Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, cuya muerte en 1975 continúa siendo objeto de una disputa histórica y judicial. Mientras el ERP sostuvo que Larrabure se suicidó durante su cautiverio, su familia sostiene que fue asesinado y ha impulsado acciones para reabrir la investigación. La Corte Suprema rechazó meses atrás esa pretensión, según la información publicada sobre el caso.
Larrabure y Silvia Ibarzábal, además, se desempeñan como asesores en materia de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Ambos han respaldado públicamente la prisión domiciliaria para militares condenados y la visita de legisladores a detenidos por delitos de lesa humanidad.
Malvinas como parte del nuevo relato
El caso de Losito muestra, además, cómo la reivindicación de determinados militares busca articularse con la cuestión Malvinas. Algunos sectores de La Libertad Avanza lo presentan como héroe de la guerra, argumento utilizado para justificar homenajes que recibió en ámbitos militares y legislativos, pese a sus condenas por delitos cometidos durante la dictadura.
La discusión no es menor. La utilización de símbolos vinculados a Malvinas en la reivindicación de militares condenados introduce una tensión entre la memoria de los soldados que participaron de la guerra de 1982 y la responsabilidad judicial establecida en causas por terrorismo de Estado. Son dimensiones históricas diferentes que, en este tipo de actos, aparecen deliberadamente superpuestas.
El episodio ocurre, además, en un momento en que el gobierno de Javier Milei ha vuelto a colocar Malvinas y las Fuerzas Armadas en un lugar destacado de su discurso político. La propia agenda oficial de estos días incluye una renovada presencia del tema Malvinas en el escenario internacional.
Una disputa que vuelve al Congreso
La presentación del libro muestra que la discusión sobre la última dictadura continúa siendo una disputa política abierta. Ya no se trata solamente de debates académicos o familiares: también involucra instituciones del Estado, espacios parlamentarios, funcionarios, militares retirados y organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
La reacción opositora fue inmediata. La diputada Myriam Bregman cuestionó públicamente el evento y sostuvo que la defensa de los represores no constituye una posición exclusiva de Victoria Villarruel. Su crítica apuntó también al uso de Malvinas como herramienta para modificar la percepción pública sobre militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
El episodio vuelve así a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa buena parte de la política argentina: qué lugar ocupa la memoria de la dictadura dentro del Estado democrático y hasta dónde puede llegar la reivindicación política de quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
En ese escenario, el Congreso aparece como algo más que el lugar físico donde se presentó un libro. Se convirtió, una vez más, en escenario de una disputa por el pasado y, al mismo tiempo, por el sentido político que ese pasado tendrá en la Argentina del presente.
