Patricia Bullrich volvió a marcar una diferencia dentro del oficialismo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó los fallos de las juezas Marta Pascual y Laura De Marinis contra la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, pero rechazó que ambas magistradas sean sometidas a un juicio político por las decisiones que adoptaron.
La definición adquiere especial relevancia porque se produjo en medio de una fuerte disputa institucional alrededor de la reforma que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil. Y ocurrió, además, pocas horas antes de que la Cámara de Casación y Apelaciones porteña revocara el fallo de De Marinis y apartara a la magistrada de la causa.
“¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no”, sostuvo Bullrich durante un Congreso Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino. La senadora dejó en claro que no comparte las resoluciones de las dos juezas, pero estableció una diferencia entre cuestionar judicialmente una sentencia y utilizar un mecanismo de responsabilidad política contra una magistrada por el contenido de una decisión.
Su argumento fue directo: si una sentencia es considerada equivocada, debe ser revisada por las instancias judiciales correspondientes. “Estoy totalmente en contra de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, afirmó, para luego remarcar que eso no significa que deba promoverse un juicio político contra ellas.
Una discusión que divide al oficialismo
La posición de Bullrich vuelve a exhibir una diferencia dentro de La Libertad Avanza y sus aliados respecto de cómo responder a los tribunales que cuestionan las políticas impulsadas por el Gobierno.
Por un lado, sectores oficialistas y del PRO impulsaron cuestionamientos contra las magistradas. En el caso de De Marinis, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había promovido un pedido de jury después de que la jueza declarara inconstitucional, para un caso concreto, el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
Bullrich eligió otra vía. No defendió el contenido de las sentencias, pero sostuvo que la herramienta para discutirlas es la apelación. En el caso de Pascual, recordó que su decisión había sido posteriormente revocada por una instancia superior. Y planteó que el mismo mecanismo debía aplicarse al fallo de De Marinis.
La coincidencia temporal resulta significativa: este viernes la Sala III de la Cámara porteña revocó la decisión de De Marinis, dejó sin efecto el sobreseimiento del adolescente y ordenó que otro magistrado continúe con el expediente.
El caso De Marinis
La jueza había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo régimen en un expediente concreto. El adolescente involucrado tenía 14 años y estaba acusado de participar en una tentativa de robo.
En su resolución, De Marinis había planteado que la respuesta estatal frente a un adolescente que comete una infracción penal no necesariamente debe comenzar por el sistema punitivo. La magistrada sostuvo que debían considerarse el interés superior del niño, la proporcionalidad de la respuesta estatal y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de niños y adolescentes.
La sentencia generó una fuerte reacción política. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, impulsó un pedido de jury contra la magistrada, mientras que decenas de jueces porteños cuestionaron esa iniciativa y defendieron la facultad de los magistrados para ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad.
Un documento firmado por 91 jueces y juezas sostuvo que la decisión de De Marinis podía ser discutida mediante los mecanismos judiciales correspondientes y expresó preocupación por lo que consideraron una presión sobre la independencia judicial.
La Cámara porteña terminó resolviendo el planteo por la vía judicial: revocó la sentencia y apartó a De Marinis del expediente. El tribunal consideró que la jueza no había demostrado la incompatibilidad de la nueva edad de responsabilidad penal juvenil con la Constitución en las circunstancias analizadas.
Bullrich y una nueva señal hacia adentro
La definición de Bullrich se inscribe en una serie de posicionamientos mediante los cuales la senadora viene diferenciándose de determinadas iniciativas promovidas por dirigentes del oficialismo y sus aliados.
En este caso, su postura no implica un rechazo a la reforma penal juvenil. Por el contrario, Bullrich sostuvo que está en contra de las decisiones judiciales que frenaron su aplicación. Su diferencia aparece en el método elegido para responder a los magistrados: cuestionamiento y apelación judicial, pero no juicio político por el contenido de una sentencia.
Ese matiz adquiere importancia en un escenario donde el debate sobre la reforma penal juvenil dejó de ser exclusivamente jurídico. La discusión ahora involucra también el funcionamiento de la división de poderes, los límites del control de constitucionalidad y la relación entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos locales y la Justicia.
La reforma, en el centro de la disputa
El nuevo Régimen Penal Juvenil establece un cambio sustancial respecto del esquema anterior al incorporar a adolescentes desde los 14 años bajo determinadas condiciones de responsabilidad penal. La implementación de la norma provocó distintas respuestas judiciales.
La jueza Marta Pascual había dispuesto en la provincia de Buenos Aires una medida cautelar que frenaba temporalmente la aplicación de la reforma. Esa decisión posteriormente también fue revocada por una instancia superior. En la Ciudad de Buenos Aires, De Marinis tomó una decisión diferente: declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de la norma en un expediente particular.
El recorrido de ambos casos terminó reforzando precisamente el argumento que ahora utiliza Bullrich: las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas y modificadas por los tribunales superiores.
La discusión, sin embargo, está lejos de terminar. La aplicación efectiva de la reforma continuará generando controversias sobre la edad de responsabilidad penal, las condiciones de detención, las garantías procesales y las políticas de prevención y protección de niños y adolescentes.
En ese escenario, Bullrich eligió marcar una frontera dentro del propio oficialismo. Cuestionó los fallos, respaldó la vigencia de la reforma y celebró su restitución judicial, pero rechazó convertir las sentencias de las juezas en motivo suficiente para un juicio político.
El resultado es una nueva señal de diferenciación política en un oficialismo donde la discusión sobre seguridad y justicia juvenil comienza a funcionar también como escenario de disputa interna.
