La Ley 27.610 continúa vigente y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Sin embargo, el retiro de la política federal de medicamentos y las diferencias entre los sistemas sanitarios provinciales generan nuevas barreras. El problema ya no pasa solamente por la legalidad, sino por las condiciones concretas para ejercer el derecho.
Cinco años después de la sanción de la Ley 27.610, el aborto continúa siendo legal en Argentina. Pero que un derecho esté reconocido por una norma no significa necesariamente que todas las personas puedan ejercerlo en las mismas condiciones.
Ese es uno de los principales interrogantes que atraviesan este 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. La discusión ya no está centrada exclusivamente en si la interrupción voluntaria del embarazo es legal, sino en qué ocurre cuando una persona necesita acceder a ella y se encuentra con falta de medicamentos, demoras, obstáculos administrativos o diferencias entre una provincia y otra.
La ley establece que las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Después de ese plazo, la interrupción legal está contemplada cuando el embarazo es consecuencia de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.
En términos jurídicos, entonces, la norma continúa vigente. El problema aparece en otro lugar: la distancia entre el derecho escrito y el derecho efectivamente disponible.
El retiro del Estado nacional
Según el relevamiento publicado por Página/12, uno de los principales cambios producidos durante la gestión de Javier Milei fue el abandono de la compra y distribución centralizada de misoprostol y mifepristona por parte del Estado nacional. La responsabilidad quedó progresivamente en manos de las provincias, que cuentan con capacidades presupuestarias y sanitarias muy diferentes.
La modificación tiene consecuencias concretas.
Durante los primeros años de implementación de la Ley 27.610 se había construido una política federal destinada a garantizar la disponibilidad de medicamentos, ampliar los equipos de salud y extender la red de establecimientos capaces de realizar interrupciones voluntarias y legales.
En 2023, por ejemplo, el Estado nacional distribuyó 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de misoprostol y mifepristona. Ese esquema dejó de funcionar de la misma manera a partir de 2024.
El cambio trasladó una parte sustancial del problema a los sistemas provinciales.
Y allí aparece una de las principales desigualdades del nuevo escenario: el acceso a un derecho nacional empieza a depender cada vez más del lugar donde vive quien necesita ejercerlo.
Más de 87 mil interrupciones
La situación, sin embargo, no puede describirse como una desaparición del sistema de atención.
El último informe de Proyecto Mirar, elaborado por CEDES e Ibis Reproductive Health, registró 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público durante 2025, contabilizadas en 20 provincias.
La cifra fue similar a la del año anterior. También se mantuvo relativamente estable la tasa de interrupciones: 7,45 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023.
Otro dato muestra la persistencia de la infraestructura creada después de la aprobación de la ley. En el sistema público se registraron 1.846 efectores que garantizan interrupciones voluntarias y legales, una cifra cercana a los 1.862 establecimientos registrados en 2023.
Es decir, la red no desapareció.
Lo que cambió fue el contexto en el que funciona.
Los equipos sanitarios y las provincias deben sostener una política que anteriormente contaba con una mayor participación financiera y logística de Nación.
El problema de los medicamentos
La disponibilidad de medicamentos se convirtió en uno de los puntos más sensibles.
Misoprostol y mifepristona forman parte de las herramientas utilizadas para la interrupción del embarazo. En 2023, el Ministerio de Salud nacional señalaba que la combinación de ambas drogas era uno de los procedimientos más seguros y eficaces para la interrupción del embarazo y que la Organización Mundial de la Salud la consideraba tratamiento de primera elección para el aborto con medicamentos.
Pero la capacidad de garantizar esos medicamentos no es uniforme en todo el país.
Según un relevamiento,13 provincias sostuvieron el acceso utilizando presupuesto propio después de la discontinuidad de las compras nacionales. Al mismo tiempo, un informe de Amnistía Internacional señaló faltantes de misoprostol durante 2025 y problemas de abastecimiento de mifepristona en casi todas las jurisdicciones que respondieron al relevamiento.
La consecuencia es una geografía desigual del derecho.
Una persona puede encontrarse con una respuesta rápida y organizada en una jurisdicción y enfrentar dificultades mucho mayores en otra.
Cuando la legalidad no alcanza
El dato más significativo quizás sea que las barreras no necesariamente aparecen como una prohibición explícita.
Pueden manifestarse como falta de información, ausencia de medicamentos, demoras, derivaciones entre hospitales o dificultades para encontrar un establecimiento que garantice la práctica.
Durante 2025, la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud registró 191 secuencias vinculadas con falta de medicación. Según el relevamiento citado por Página/12, Salta concentró el 46,1 por ciento de esos casos.
Amnistía Internacional, por su parte, registró 406 consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto durante 2025, frente a 102 en 2024. La organización aclara que su formulario no constituye una muestra representativa de todo el país, pero considera que el incremento permite observar un agravamiento de las barreras.
La discusión, entonces, deja de ser solamente jurídica.
También es presupuestaria, sanitaria y territorial.
La ley resiste en los tribunales
En el plano judicial, el escenario es diferente.
Desde la sanción de la Ley 27.610 se iniciaron 38 causas judiciales destinadas a cuestionarla. De ellas, 35 fueron rechazadas y tres permanecen en trámite ante la Corte Suprema, de acuerdo con el informe de Proyecto Mirar .
Entre agosto de 2025 y julio de 2026, además, se presentaron 75 proyectos legislativos vinculados con aborto y salud sexual y reproductiva. Algunos intentaron limitar la aplicación de la legislación en determinadas provincias, pero ninguno obtuvo dictamen ni llegó al recinto.
La Ley 27.610, por lo tanto, no fue derogada.
La disputa parece haberse desplazado hacia un terreno menos visible: cómo se financia, cómo se organiza y cómo se garantiza el acceso efectivo.
Una nueva etapa de la disputa
El Gobierno nacional también adoptó definiciones políticas que forman parte de este nuevo escenario.
En agosto de 2026, Argentina adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra, un documento internacional que sostiene, entre otros puntos, que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. La Cancillería presentó la decisión como parte de una agenda vinculada con la “dignidad humana” y la soberanía estatal.
La adhesión no modifica por sí misma la legislación argentina. La Ley 27.610 continúa vigente.
Pero funciona como una señal política sobre la orientación que el Gobierno pretende darle a la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos.
Así, mientras el marco jurídico permanece, las condiciones materiales para ejercerlo se transforman.
Un derecho con distintas velocidades
La historia reciente del aborto legal en Argentina muestra una paradoja.
La ley sobrevivió a los cuestionamientos judiciales y continúa reconociendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La red de atención creada durante los primeros años tampoco desapareció: miles de prácticas continúan realizándose en el sistema público.
Pero al mismo tiempo, la retirada de la política federal de medicamentos trasladó responsabilidades hacia provincias con recursos y capacidades diferentes.
El resultado es un sistema que conserva su estructura legal, pero que presenta mayores desigualdades en el acceso efectivo.
El desafío del presente, entonces, no parece estar solamente en defender una ley frente a quienes pretenden derogarla. También está en garantizar que una persona que tiene reconocido un derecho pueda ejercerlo en tiempo y forma, independientemente de la provincia en la que viva.
Cinco años después de la legalización, esa es la nueva frontera de la discusión: que el aborto sea legal en todo el territorio no alcanza si acceder a él depende del código postal.
